Columna originalmente publicada en 80 Grados, el 3 de enero de 2021.

Por José G. Rigau Pérez

Antes de proclamar que la inmunización contra no tiene precedente en Puerto Rico, debemos recordar dos fechas: 1803, 1899. La Isla figura en la historia mundial de la vacunación por su primer uso en la América española (1803) y por la vacunación general obligatoria de 1899. Fueron respuestas excepcionales a retos siempre presentes en nuestra historia. Desde comienzos de la conquista y colonización hemos lidiado con enfermedades nuevas, epidemias letales, urgencias de acción preventiva y de atención médica a masas, y obstáculos para llegar a los más vulnerables y aislados.

En 1518 la población padeció su primera pandemia identificable, la viruela (hoy erradicada, distinta a la varicela). Producía la muerte en uno de cada tres casos. En sobrevivientes, dejaba cicatrices desfigurantes y pérdida de visión. Los brotes se repitieron por cuatro siglos, a pesar del uso (insuficiente) de la vacuna desde 1803.

Otra epidemia de viruela surgió en 1898, mientras el país se encontraba en los avatares de una guerra que transformaría su destino. En enero de 1899, el gobernador militar estadounidense, Guy V.Henry, ordenó la vacunación general, con un proyecto que demostraría la benevolencia y la efectividad organizativa del nuevo gobierno. En cada uno de los cinco distritos, un médico militar supervisó los vacunadores, mayormente médicos puertorriqueños asistidos por soldados. Cada vacunador atendía cerca de 225 personas por jornada. Para asegurar el cumplimiento de ciudadanos y autoridades civiles, se exigió un certificado de vacunación en toda actividad rutinaria (escuela, trabajo, teatro, transportación pública). La campaña se sufragó con fondos insulares y los alcaldes manejaron los arreglos locales.

Parece que hubo poco espacio para disentir. El gobernador George W. Davis, sucesor de Henry, impuso penas monetarias (al menos $300 de hoy) y cárcel para los recalcitrantes.

¿Qué razones tendrían los que se oponían a la solución médica? Varias a mi entender. La vacunación de viruela producía mayores molestias que cualquier vacuna de hoy. La reacción en la piel y el dolor del brazo podían incapacitar por días a los trabajadores (que perdían ingreso). Otros tendrían temor, o se creían inmunes por haberla padecido o por vacunación previa (sin poder documentarlo), o no confiarían en las intenciones del gobierno. No obstante, la mayoría hizo filas para vacunarse. Por lo menos uno se quiso colar (Ponce, 16 de mayo). Acabó enfrentado a tiros con los guardias y fue a la cárcel.

En cuatro meses se vacunó a 786,290 personas (84% de la población), al costo de $43,106 (como mínimo, $1,293,000 hoy). A fines de junio, la dirección de la campaña pasó a la nueva Junta Superior de Salud. Faltaba un esfuerzo de varios meses más para cubrir la población menos accesible (en las montañas de Utuado, Ciales y Morovis). El catastrófico huracán San Ciriaco (8 de agosto) privó gran parte de la población de hogar e ingresos, y la vacunación desapareció de las prioridades.

¿En qué se parece este episodio al que ahora empieza? A las recurrencias históricas mencionadas (epidemia, enfermedad nueva y mortal, urgencia de atención masiva y protección especial para los más vulnerables y aislados), añado la precariedad financiera del gobierno y de la infraestructura de salud pública, y los efectos del huracán más letal hasta entonces (en 1899 interrumpió la campaña de vacunación, esta vez el huracán María la precedió). Ambas ocasiones coinciden en la inmunización general, y dos productos biológicos que exigen cuidados especiales (ahora refrigeración; antes, en tubos de vidrio con glicerina o directamente del cultivo viral – en la piel de la ubre de una vaca; por eso, “vacuna”).

Vemos otra vez su logística dirigida por militares, orientada a la ciudadanía por alcaldes y personal sanitario puertorriqueño con ayuda federal. Son proyectos de larga duración, que exigen filas y paciencia por parte de la ciudadanía.

¿Diferencias? En 1899 no había pandemia, ahora sí; la enfermedad era conocida, esta es completamente nueva; el conocimiento científico y las capacidades profesionales e institucionales eran mucho menores que ahora y a nivel popular se sabía poco de la ciencia detrás de la vacuna. En 1899, la mayoría del gasto lo sufragó el presupuesto insular; ahora, la mayor parte de los gastos corren por el gobierno federal. En 1899, la atención a necesidades individuales (educación de la comunidad, consentimiento informado, reacciones adversas, precauciones por embarazo, otras condiciones médicas) quedaba a discreción de cada médico. Ahora, en contraste, los más cualificados para juzgar la utilidad y seguridad del método, los profesionales de la salud, están entre los primeros vacunados, aquí y en Estados Unidos.

Hay grandes diferencias por la situación política, siempre determinante en la salud. Esta vez, el problema ha sido crucial en Estados Unidos en un año de elecciones. La presión para lograr la vacuna provocó temor a una indebida interferencia partidista, pero tuvo el efecto de prodigar recursos monetarios y humanos. En Puerto Rico, el comienzo de la epidemia reveló graves deficiencias de manejo en la administración pública, que emprende la inmunización bajo sospecha.

La vacunación de 1899 era obligatoria, no por solicitud del pueblo, sino impuesta por un ejército de ocupación para promover un nuevo régimen colonial, con censura periodística a las críticas y con la agresividad de una operación militar. Un gobierno constitucional puede imponer su voluntad en caso de emergencias perentorias; más todavía un régimen militar extranjero persuadido de su propia superioridad y benevolencia. En 2020, la mayoría de los ciudadanos han consentido a limitaciones de nuestros derechos para prevenir la aceleración de la epidemia, pero es poco probable que alguna sociedad libre de 1899 lograra imponer a sus ciudadanos lo que ocurrió aquí. En Brasil, en 1904, las medidas restrictivas fracasaron después de una semana de motines.

¿Cómo comparar resultados, si la campaña actual apenas empieza? La opinión pública y los problemas de implementación en 1899 son difíciles de precisar, por la censura de prensa y falta de más investigación. El éxito sanitario es innegable, pues la incidencia y la mortalidad de la viruela disminuyeron marcadamente. (Esto fomentó el descuido de la vacunación en años posteriores). Los últimos casos en Puerto Rico se vieron en 1921.

¿Qué podemos anticipar para 2021? Los medios noticiosos y sociales nos dejarán saber los problemas (grandes y pequeños, ciertos, ilusorios o fake). Tropiezos habrá, pero el gobierno debe informar al público, coordinar las acciones y evitar, en lo posible, las confusiones, aglomeraciones y esperas innecesarias. Por más efectiva que sea la planificación, gobierno y ciudadanos debemos estar preparados para las filas, quien quiera colarse y quien necesite atención especial. Costará millones (esperamos que sin “bonos” para intermediarios), tomará meses, y al terminar, no debemos bajar la guardia. A cambio, esperamos, como en 1899, la reducción drástica del riesgo de enfermar, la abolición del distanciamiento forzoso y la recuperación de las convivencias.

(Refiero los lectores a mi artículo en Bulletin of the History of Medicine, 1985, y al libro Pox, de Michael Willrich, 2011. Estos eventos claman por mayor investigación.)

José G. Rigau Pérez

Académico de número de la Academia Puertorriqueña de la Historia, médico epidemiólogo retirado del US Public Health Service y catedrático auxiliar ad honorem en las escuelas de Medicina y Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico.